CUERNAVACA, MORELOS.- Julio Espín Navarrete, quien habría participado de forma indirecta con funcionarios de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) para desaparecer documentos oficiales que lo involucrarían en desvío de recursos, propuso, paradójicamente, la creación del Código de Ética del Congreso, cuando fue diputado.
La iniciativa fue presentada en junio de 2011, junto con una complementaria que proponía la creación de la Comisión Legislativa de Ética, que nunca fueron dictaminadas.
“Ser responsable significa guiar y hacer leyes, midiendo el impacto de nuestra actuación en todos los sectores de la sociedad, respetando sus derechos e intereses legítimos”, argumentó el ex diputado y actual presidente municipal –por segunda ocasión- de Puente de Ixtla.
El iniciador subrayó la necesidad de establecer “normas de conducta en el desarrollo de la tarea legislativa, como la obligación de la rendición de cuentas y de transparencia, la creación de una Comisión de Ética Legislativa encargada de recibir denuncias y aplicar sanciones”.
El Código se compondría de ocho capítulos y 22 artículos, entre ellos los de Principios Éticos, De las normas de conducta en el ejercicio del cargo legislativo, De la rendición de cuentas de trabajo legislativo y De las relaciones con otros legisladores y con el personal administrativo.
Para cuando Espín Navarrete presentó su iniciativa para “fortalecer” la ética de los representantes populares, su nombre ya aparecía en la lista de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de Fiscalización ante la Procuraduría General de Justicia por probable daño al erario público, relacionado con la averiguación previa FSP/01/13/2008.
El listado fue entregado al titular de la Auditoría, Luis Manuel González Velázquez, por el ex procurador, Mario Vázquez Rojas, en octubre de 2012.
El mismo González Velázquez turnó a los integrantes de la Junta Política del Congreso, en mayo de 2013, una relación en la que detalló el delito del que se acusó a Julio Espín y el tesorero Roberto Montes Cortés: peculado por casi 9.5 millones de pesos.
En el mismo listado aparecen las denuncias que la ASF presentó contra el ex titular, Gerardo Casamata Gómez, 30/2012 y SC/01/4783/2013, esta última por delitos cometidos por servidor público contra la administración de justicia.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Gerardo Casamata Gómez habría “desaparecido” los documentos que comprobaban el desvío de recursos en Puente de Ixtla.
El pasado 23 de diciembre, Casamata Gómez quedó vinculado a proceso por el señalamiento en su contra y condenado a pagar una multa de 250 mil pesos.
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Ex auditor ya enfrenta proceso
El pasado 23 de diciembre fue vinculado a proceso Gerardo Casamata, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras haber extraviado un expediente que contenía irregularidades cometidas durante el trienio 2000-2003 de Julio Espín Navarrete como alcalde de Puente de Ixtla.